Source : http://www.ciudadanosporlarepublica.info/

12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los / las migrantes
jueves, 21 de febrero de 2008

“Tenemos derecho a tener derechos”

Algunos ciudadanos se encuentran sometidos a una serie de normas legales diferentes a las del resto de personas por razón de su origen. La Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985 ha establecido requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España. Además, se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.

Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social. Los últimos cambios legislativos han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias.

Junto a ello, proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”. Se trata al inmigrante como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona.

El racismo institucional fomenta racismo social  y produce la marginación de la población migrante en el plano legal, laboral, social, educativo, de vivienda, etc., permitiendo y aumentando la explotación laboral.

En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, a la vez que se centran en la lucha contra la inmigración “ilegal”, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración. No se tienen en cuenta las profundas desigualdades económicas, injusticias sociales, hambrunas y guerras, origen de los actuales procesos migratorios. Y de esta forma se niega a millones de personas el derecho humano elemental de buscar una vida digna independientemente de su lugar de nacimiento.

Esta política degrada y envilece al conjunto de la sociedad. Por ello desde la convicción racional y ética de la igualdad de las personas y la universalidad de los derechos, las organizaciones y personas que suscribimos este escrito afirmamos el DERECHO A TENER DERECHOS de las personas migrantes. Con este objetivo y mientras seguimos trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería, exigimos al próximo GOBIERNO DE ESPAÑA la adopción de las siguientes

12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:

A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR

1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.

2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
reducción a un año el tiempo de estancia exigido
que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo.
eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.

3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.

4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.

5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.

6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.

B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN

7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.

8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.

9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.

Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.

10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.

C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS

11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos.



12 mesures d’urgence pour la dignité des migrants.
Jeudi 21 février 2008

« Nous avons droit à des droits »

Certains citoyens se trouvent soumis à une série de règles et de lois différentes de celles qu’on applique aux autres à cause de leur origine. La Ley de Extranjería (la loi d’immigration), depuis sa première version de 1985, a établi des conditions toujours plus contraignantes, éloignées de la réalité sociale et quelquefois impossibles à remplir par celui qui veut s’installer légalement en Espagne. De plus, on a multiplié les contrôles d’identité arbitraires, les arrestations discriminatoires, la rétention et les expulsions dans des conditions qui bafouent les traités internationaux signés par l’Espagne en matière de droit d’asile et de Droits de l’Homme.

Tandis que les conditions de vie des citoyens migrants deviennent chaque jour plus difficiles, les administrations continuent de favoriser l’investissement dans des politiques de contrôle au détriment de l’investissement social. Les dernières modifications de la loi ont eu pour objectif d’empêcher l’entrée sur le territoire, rendre plus difficile le séjour et faciliter l’expulsion des immigrés qui se trouvent en Espagne, au lieu d’affecter des moyens à l’amélioration des conditions de vie toujours plus précaire des citoyens, qu’ils soient ou non migrants.

Parallèlement, les discours qui traitent de l’immigration et des immigrés comme d’"un problème" se multiplient. L’immigré est traité d’ennemi dangereux, de délinquant, de terroriste potentiel, d’envahisseur… et c’est ainsi qu’on développe dans la société toute entière la peur et le sentiment d’insécurité afin de s’assurer une population docile et soumise disposée à travailler dans des conditions pires encore que celle de la population autochtone.

Le racisme institutionnel nourrit le racisme social et entraîne la marginalisation de la population migrante au niveau du droit, du travail, de la vie sociale, de l’éducation, de l’accès au logement, etc., ce qui autorise et aggrave l’exploitation de ces travailleurs.

L’État Espagnol n’est pas seul en Europe à suive cette orientation. Les politiques migratoires de l’UE, alors même qu’elles se concentrent sur la lutte contre l’immigration "illégale", tendent à développer les migrations régulières et temporaires, subordonnées aux nécessités du marché du travail européen, montrant ainsi leur conception purement utilitariste et instrumentalisée de l’immigration. On ne tient aucun compte des profondes inégalités économiques, des injustices sociales, des famines et des guerres qui provoquent les actuelles migrations. C’est ainsi qu’on refuse à des millions de personnes le droit élémentaire de tout être humain de chercher à vivre dignement, quel que soit son lieu de naissance.

Cette politique dégrade et avilit l’ensemble de la société. Par conséquent, guidées par leur raison et leur éthique, convaincues de l’égalité des personnes et de l’universalité des droits, les organisations et personnes soussignées affirment le DROIT À AVOIR DES DROITS pour les migrants. Dans cette perspective et sans cesser leur lutte pour la nécessaire abrogation de l’actuelle Loi d’Immigration, elles exigent que le gouvernement d’Espagne issu des prochaines élections adopte les 12 mesures d’urgence pour la dignité des migrants :

A) RÉGULARISATION IMMÉDIATE ET DROIT GARANTI À LA RÉSIDENCE ET À LA VIE FAMILIALE

1- Nouvelle campagne de régularisation non conditionnée au contrat de travail :
Ouverture d’une campagne de régularisation qui garantisse le droit à la résidence et au travail pour tous les migrants "sans-papiers" qui vivent sur le territoire espagnol, sans la condition d’un contrat de travail comme préalable, afin d’en finir avec l’exploitation de ces travailleurs et la corruption qu’entraîne le préalable exigé.

2- Adaptation à la réalité des conditions d’intégration exigées :
-Réduction à un an du temps de séjour exigé.
-Le fait d’être sous le coup d’un ordre d’expulsion ne doit pas empêcher de se prévaloir de son intégration.
-L’intégration ne doit pas être liée à la possession d’un contrat de travail.
-Suppression des conditions impossibles à remplir (comme, par exemple, le casier judiciaire pour les ressortissants de pays qui n’ont pas d’ambassade en Espagne) ou qui impliquent une discrimination ou un traitement dégradant pour les immigrés (comme certains examens médicaux).
-Faciliter la régularisation des personnes dont les enfants sont nés en Espagne.

3- Assouplissement des conditions pour se prévaloir de l’intégration professionnelle :
-Attribution de l’"intégration professionnelle" à toute personne qui, au moyen de toute preuve recevable en droit, démontre l’existence d’une ou de plusieurs activités professionnelles d’une durée totale égale ou supérieure à six mois.

4- Assouplissement des conditions qui permettent le regroupement familial, en les adaptant à la réalité du marché du travail et du logement espagnols et qui garantisse en priorité le droit fondamental de vivre en famille, ainsi que le droit au travail des membres de la famille réunifiée.

5- Garantie des droits des travailleurs temporaires recrutés dans leur pays d’origine, droits concernant leur travail ainsi que leur vie familiale.
-Établissement d’une politique de recrutement stable qui garantisse l’égalité des droits, le regroupement familial et la possibilité de résider de manière stable en Europe.
-En attendant, création de commissions indépendantes d’enquête et de contrôle du respect du droit du travail.

6- Augmentation significative des moyens afin de garantir l’accès à l’information et apporter une réponse rapide et efficace aux démarches administratives qui concernent les immigrés (preuves d’intégration, renouvellement, délivrance des titres de séjour, etc.) ainsi que la garantie d’une assistance réelle et effective des avocats commis d’office lorsqu’ils sont requis.

B) ARRÊT DES ABUS POLICIERS ET DE LA DISCRIMINATION

7- Fermeture des centres de rétention pour étrangers.
-Création de commissions indépendantes d’enquête et de suivi (composées de membres des organisations de défense des Droits de l’Homme) jusqu’à la fermeture définitive.

8-Abrogation du décret de septembre 2007 concernant le rapatriement et le transfert de détenus, par voie aérienne et/ou maritime.

9- Ordre de suspendre immédiatement tout acte arbitraire concernant les contrôles d’identité, les arrestations, la soustraction des passeports et les expulsions que subit la population immigrée, particulièrement en ce qui concerne les mineurs.
-De même, interdiction d’entamer toute procédure d’expulsion à l’encontre de qui porterait plainte pour atteinte au droit du travail, abus policiers ou agressions xénophobes, ainsi qu’à l’encontre de femmes victimes de violences, ou de qui subirait une quelconque violation de ses droits fondamentaux.

10- Retrait définitif de la proposition de loi concernant les "mesures pour lutter contre l’immigration clandestine".

C) ÉGALITÉ COMPLÈTE DES DROITS

11- Exécution immédiate et effective des accords internationaux signés par l’Espagne concernant le droit d’asile et les droits des travailleurs immigrés, et signature de la Convention Internationale sur la Protection des Droits de Tous les Travailleurs Migrants et de leur famille.

12- Garantir le droit de vote et d’éligibilité aux personnes immigrées, ainsi que l’exercice de leurs droits sociaux, civils, culturels et dans l’exercice de leur travail, dans les mêmes conditions que les citoyens autochtones.